La Rama Judicial, tal vez una de las instituciones de mayor tradición en el país, aceleró su proceso de transformación digital para que la justicia en Colombia no se detenga. La adopción de tecnología le ha permitido continuar con audiencias, tutelas y las deliberaciones de la Altas Cortes.
Colombia – Desde hace un tiempo, el Consejo Superior de la Judicatura (CSdJ), entidad que administra los recursos de la Rama Judicial colombiana, venía ideando un plan de transformación digital para aplicar soluciones seguras y confiables que hicieran más eficiente la administración de justicia para los ciudadanos gracias al uso de la tecnología. Sin embargo, la contingencia global desatada por el COVID-19 precipitó el proceso. En dos semanas la adopción de plataformas como Microsoft Office y Teams permitieron dar continuidad a sus labores para no privar a los colombianos del acceso a la justicia durante el período de confinamiento.
El reto no era menor. Se trataba nada menos que de conciliar la necesidad de seguir prestando uno de los servicios fundamentales para la ciudadanía y la vida democrática con las estrictas normas de distanciamiento social adoptadas por el Gobierno destinadas a contener la propagación de la pandemia. Los desafíos eran múltiples: a las dificultades y resistencias que puede generar la adopción tecnológica -en particular en los sectores más tradicionales-, se sumaban las exigencias de las normas procesales y las necesidades de seguridad y privacidad que requiere la justicia, variables complejas que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura sopesaron. En este escenario, Microsoft les ayudó a habilitar, con seguridad y privacidad de la información, herramientas para comunicación y colaboración remota, además del almacenamiento y gestión documental en la nube. “Está situación nos ha impulsado a entender que los cambios son posibles y necesarios y que es importante despojarnos de los temores o prejuicios que nos detienen a la hora de implementar soluciones distintas”, aseguró la Judicatura.
Gracias a la adopción tecnológica, uno de los recursos de justicia que se ha podido seguir prestando sin interrupciones ha sido la recepción de acciones de tutela, instrumento crucial de la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y de especial importancia en esta coyuntura desafiante en la que es esencial garantizar el derecho fundamental a la salud y al trabajo. Para prestarlo, desde el inicio del confinamiento la Rama Judicial habilitó la recepción de tutelas por correo electrónico, mientras antes solo podían radicarse en físico.
Asimismo, resultaba fundamental que las Altas Cortes pudiesen continuar con sus labores. Al ser órganos colegiados compuestos por magistrados que deben deliberar colectivamente, las restricciones de contacto social amenazaban con paralizar el control constitucional, la supervisión de las acciones del Estado y las instancias de justicia civil y penal. Así pues, los magistrados, como el resto de los colombianos, entraron a la era del trabajo remoto. Gracias a la plataforma Teams, se han desarrollado reuniones de trabajo, con las que se ha logrado la trazabilidad de los procesos, grabar las sesiones, y almacenar toda la información en ambientes compartidos, seguros y privados.
Las audiencias también se han beneficiado de la apropiación tecnológica. Particularmente en el ámbito penal, los jueces de garantías han hecho extenso uso de plataformas como Teams y RP1 para garantizar en un 90% la continuidad de las sesiones a través de audiencias en línea, que determinan procesos como legalización de capturas o imputaciones de delitos, en los cuáles participan simultáneamente distintos actores como la Fiscalía, el Juez, los abogados y el mismo procesado.
Esta aún corta experiencia con la tecnología y la virtualidad ha servido para muchos propósitos. El principal y más crítico es, por supuesto, que los ciudadanos continúen teniendo acceso a la justicia y a la defensa de sus derechos. Pero adicionalmente, en el interior de la Rama Judicial esta experiencia ha desencadenado toda una transformación cultural y ha generado muchos aprendizajes. Ha hecho evidente, por ejemplo, la necesidad de avanzar en la implementación del expediente electrónico, sin el cual los jueces se siguen viendo obligados a desplazarse hasta los juzgados para revisar expedientes físicos requeridos para ciertas audiencias. Otras preguntas que se han vuelto tema de conversación entre magistrados y jueces tienen que ver con cuáles soluciones tecnológicas permitirían el tema de la confirmación de la identidad de los actores en los procesos, los ajustes que deberían hacerse a las normas de procedimiento para permitir las diligencias virtuales, o la asistencia de la inteligencia artificial en la selección de tutelas, todos temas que hasta hace sólo unas semanas parecían ciencia ficción.
La resistencia a la adopción del trabajo remoto ha sido mucho menor de la que el mismo Consejo Superior de la Judicatura intuía: “Muchas herramientas se han aprendido a usar de forma muy intuitiva, con el apoyo de capacitaciones y canales de soporte. Pero en general los funcionarios han sentido que pueden continuar con su labor”.
“Las instituciones han tenido la flexibilidad para modificar sus formas de trabajo, permitiendo cada vez más posibilidades de sesionar y operar virtualmente. Esta infortunada circunstancia por la cual atraviesa el mundo puede haber dejado algo positivo: la semilla de la transformación. La tecnología es una herramienta valiosa para prestar mejores servicios de justicia al país y a los ciudadanos” añade la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, quien ve en medio de la dificultad global un valioso aprendizaje para la justicia colombiana.
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